
Externalizar los litigios a un despacho especializado mejora la eficiencia, reduce costes y libera recursos del departamento jurídico interno.
En un entorno empresarial cada vez más exigente, las empresas se ven expuestas con frecuencia a conflictos con terceros que pueden derivar en procedimientos judiciales complejos. Aunque muchas de estas controversias no alcanzan la calificación de litigios en masa, su recurrencia a lo largo del año y su dispersión territorial generan una carga importante para los departamentos jurídicos internos. En este contexto, la externalización de los servicios procesales en un despacho especializado en litigación empresarial se revela como una estrategia eficaz, rentable y organizativamente inteligente.
Problemas a los que se enfrenta el departamento jurídico de la empresa
Gestionar el sector legal de una compañía plantea numerosos retos. Por un lado, es necesario saber lidiar con los asuntos internos de cada día y la idiosincrasia propia de cada organización, por otro, es necesario hacer frente a los problemas y conflictos recurrentes con terceros que requieren para su solución de una solvencia técnica muy concreta y, en muchos casos, de la intervención de los órganos judiciales.
Por ello, los responsables de los servicios jurídicos en empresas que gestionan litigios frecuentes se enfrentan a una serie de dificultades que, de no abordarse de forma sistémica, pueden comprometer tanto la eficiencia del departamento como los resultados procesales:
- Falta de uniformidad en la estrategia procesal: La gestión descentralizada de litigios por diferentes despachos o profesionales puede generar estrategias heterogéneas, contradicciones y pérdida de coherencia argumental.
- Descentralización de la información: La documentación relevante para cada pleito, así como la información relativa a su trayectoria y evolución se dispersa entre distintos actores, dificultando la trazabilidad, la recuperación rápida de la información y la correcta coordinación.
- Falta de control sobre costes legales: La diversidad de criterios de facturación entre los diferentes despachos puede generar incertidumbre sobre cuál va a ser el coste final del asunto para la empresa.
- Gestión ineficiente de plazos y vencimientos: La multiplicidad de procedimientos en distintos juzgados, y su tramitación por diferentes despachos, implica agendas dispares y riesgo de preclusiones por errores humanos.
- Falta de especialización y aumento de costes: La variedad de asuntos que tiene que afrontar un departamento jurídico de una empresa puede requerir conocimientos técnicos muy específicos. El tiempo necesario para estudiarlos y dominarlos incrementa los costes y dificulta una gestión eficaz.
Ventajas de externalizar los servicios jurídicos procesales en un despacho especializado
Contar con un despacho especializado en litigación empresarial, con cobertura nacional y experiencia sectorial, permite al responsable jurídico delegar la gestión procesal de forma fiable, y centrarse en funciones estratégicas de cumplimiento, prevención y asesoramiento interno.
Las principales ventajas de esta externalización serían, por lo tanto:
- La unificación de la estrategia procesal: Un equipo especializado proporciona coherencia en la argumentación, criterios homogéneos en la defensa jurídica del asunto, y mejores prácticas procesales, evitando resultados inconsistentes y mejorando las ratios de éxito.
- Coordinación centralizada y trazabilidad documental: La información se canaliza de forma ordenada, con acceso a una base documental y procesal común, facilitando el seguimiento y la colaboración con el equipo interno, evitando que los responsables jurídicos tengan que lidiar con distintos despachos y diferentes maneras de trabajar, existiendo un único interlocutor.
- Previsibilidad y control de costes: Modelos de facturación claros y adaptados al volumen de litigios permiten a la empresa planificar y optimizar su presupuesto legal. Además, la especialización en determinados asuntos permite ofrecer tarifas que son muy inferiores al coste interno por asunto, al ahorrar personal interno, formación y herramientas legales.
- Cobertura territorial integral y conocimiento local: Un despacho con presencia nacional asegura la gestión homogénea de los asuntos en cualquier territorio, a la vez que garantiza el conocimiento de las particularidades que puedan existir en cada partido judicial.
- Mejora en tiempos de respuesta y resolución: Un despacho especializado agiliza los tiempos de tramitación, la presentación de escritos y las gestiones con los Procuradores.
- Colaboración con el área legal interna: Lejos de sustituir al departamento jurídico, esta externalización lo potencia, liberando recursos para que sean destinados a tareas de alto impacto y mayor valor añadido para la empresa.
En definitiva, externalizar los servicios jurídicos procesales permite transformar una fuente de tensión operativa y riesgo legal en una herramienta de gestión eficiente y conocimiento jurídico transversal. Delegar los litigios en un despacho especializado supone una decisión estratégica que optimiza los recursos del departamento jurídico de cualquier empresa. Nuestra intervención permite acortar los tiempos de tramitación, minimizar errores formales y reducir significativamente los costes del departamento y las preocupaciones del responsable del sector jurídico. Esta eficiencia procesal se traduce en una gestión más eficaz, ordenada y profesional de los procedimientos judiciales, contribuyendo así a una mejor planificación y control del área legal corporativa.
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